El Senado italiano ha aprobado por unanimidad una orden del día que obliga a los ministerios de Agricultura, Ambiente y Sanidad, a adoptar la “cláusula de salvaguardia” respecto a los cultivos transgénicos (OGM). La norma, prevista en 2001 por la Unión Europea (UE), aunque discutida, permite que un país miembro pueda prohibir este tipo de cultivos, aún cuando la normativa comunitaria los haya autorizado.
Italia cultiva en vía experimental solo una hectárea superprotegida de OGM, frente a las más de 100.000 de España, aunque se encuentra con la dificultad de los transgénicos que llegan a través de las importaciones. Otros países de la UE, como Francia, han recurrido a la misma cláusula de salvaguardia, aunque han tenido que enfrentarse con recursos ante la corte de Estrasburgo.
“No necesitamos productos transgénicos”, ha rebatido la Confederación Italiana de Agricultores (CIA), según la que “la cláusula de salvaguardia contra los OGM es esencial para tutelar nuestra agricultura diversificada y de calidad“. La ministra de Agricultura, Nunzia De Girolamo, ha añadido que “la agricultura italiana necesita apoyarse sobre sus aspectos de mayor fuerza y por lo tanto el cultivo de OGM no puede ser de ayuda a nuestro sistema, que se basa en primer lugar sobre la calidad y no la cantidad”.
Mario Capanna, presidente de la fundación Derechos Genéticos, que había presentado formalmente la petición, ha comentado que “el voto favorable de todos los partidos, acoge la voluntad ya expresada por todas las regiones italianas, los productores y consumidores del país“.
El texto aprobado compromete al Gobierno “a potenciar la investigación científica pública y a reforzar la actividad de supervisión y control para evitar la contaminación entre cultivos genéticamente modificados y no, y para controlar la eventual presencia de simientes transgénicas no autorizadas”.
El tema de los OGM sigue siendo fuente de encarnizado debate en Europa, que al contrario de los EEUU adopta normas mucho más rígidas. Aún así, las variedades transgénicas autorizadas en ámbito europeo son pocas y, a excepción de España, algunos países, como Alemania y Francia, tienden a reducir o prohibir su cultivo, como ha sucedido con un tipo de maíz en Alemania, Francia, Hungría, Grecia, Luxemburgo, Austria y Bulgaria. La República Checa, segundo país europeo después de España, cultiva menos de mil hectáreas.
ROSSEND DOMÈNECH, El Periódico.
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