La comunidad kichwa de Sani Isla le dice sí al ecoturismo, pero rechaza la presencia de las petroleras.
De pie en la parte posterior de una canoa de madera que se desliza entre ramas colgantes y plantas acuáticas en la Amazonía ecuatoriana, Patricio Jipa se detiene por un momento.
Apoya su cuerpo en la larga vara que usa para impulsar la embarcación. "No hay que tener una gran educación para darse cuenta de lo que está sucediendo", dice Jipa, un poblador kichwa de 41 años de la localidad de Sani Isla.
En la distancia, el gemido de tono grave de un mono aullador penetra la mañana, entre cantos rítmicos de pájaros exóticos. Algunas aves sobrevuelan en pares la laguna."Sabemos cuáles son los peligros que trae el petróleo", agrega, mientras mira a su alrededor.
El agua acaricia el borde de la canoa. Es difícil imaginar un lugar más prístino en el planeta.
Bajo amenaza
Jipa colabora en un proyecto local de ecoturismo en Sani Isla, uno de varios pequeños poblados a orillas del Río Napo, en el este de Ecuador.
El delicado equilibrio natural de flora y fauna en la selva está amenazado, afirma Jipa, y la causa es la presión ejercida por las compañías petroleras sobre la población local para que permita la exploración en sus tierras.
Para Patricio Jipa, los peligros que acarrean las actividades de las petroleras son demasiados grandes para correr el riesgo.
"No tenemos idea de qué reservas de crudo tenemos, pero debe haber mucho petróleo ya que las compañías siguen volviendo", dice Jipa.
"Pero ahora hemos dicho 'no'".
En diciembre de 2012, una asamblea comunitaria rechazó un acuerdo firmado por un grupo de pobladores con la compañía estatal Petroamazonas que habría permitido el comienzo de pruebas sísmicas.
Desde entonces, según Jipa, se ha dicho repetidas veces a los habitantes del pueblo que el ejército ecuatoriano llegará para forzar el cumplimiento del acuerdo.
Tesoros subterráneos
Las perforaciones en la selva ecuatoriana, rica en crudo, se han venido realizando durante trés décadas, y las tensiones generadas por este tema no son nuevas.
Pero comunidades indígenas y grupos de conservación advierten sobre la apertura de una nueva "frontera de exploración", desde que el presidente Rafael Correa anunció el año pasado un fin a la moratoria de seis años de exploración en una parte hasta entonces virgen del Parque Nacional Yasuní.
"En los más de 20 años que he estado aquí he visto cómo avanzan las compañías vez más en la selva", dice Kelly Swing, quien dirige una estación de investigación en el Parque Yasuní, de 900.000 hectáreas.
El tránsito en los ríos se incrementó notablemente con el aumento de la actividad petrolera.
Riqueza animal
De todas las especies de animales y plantas del planeta, un quinto pueden ser encontradas en Yasuní.
Grandes sectores del parque ya han sido dañados con la construcción de caminos y la llegada de más migrantes. Y en los últimos meses se han realizado nuevas pruebas sísmicas, dice Swing.
Esas pruebas son la primera fase en la búsqueda de crudo subterráneo y apuntan a un futuro "con incursiones petroleras aún mayores a través de toda la selva".
El gobierno ecuatoriano ha afirmado que cualquier perforación en el bloque ITT -como se conoce al sector del parque cubierto antes por la moratoria– sólo afectaría una fracción pequeña de Yasuní.
Algunos expertos estiman que hasta 800 millones de barriles de crudo podrían estar bajo la tierras del parque, y el presidente Correa dijo en el pasado que el país necesita las ganancias del petróleo para financiar proyectos de infraestructura y desarrollo.
Una iniciativa gubernamental que buscó convencer a países extranjeros para que pagaran a Ecuador a cambio de no explotar el crudo no dio los resultados esperados.
Los pobladores viven en casas de madera sin electricidad.
Firmas
En Sani Isla, una mujer kichwa hace fila en el centro de salud local. Blanca es crítica de cualquier presencia del gobierno o las compañías petroleras.
"No queremos tener nada más que ver con ellos, sólo dejan a su paso destrucción en nuestra selva", dice.
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La compañía petrolera estatal ha donado fondos en el pasado a otras comunidades indígenas a cambio de permisos para pruebas.
La clínica de Sani Isla, con sus paredes coloridas, y la escuela local fueron construidas con dinero de empresas petroleras.
Pero de acuerdo a Blanca, depender de las limosnas de la industria del petróleo no es una opción a largo plazo para estas comunidades pequeñas y empobrecidas.
Pablo Licuy, de 51 años, es uno de los pobladores de Sani Isla que firmó el acuerdo con Petroamazonas, posteriormente rechazado en la asamblea comunitaria.
Licuy cree que sería insensato para los pobladores no aceptar las ofertas de ayuda de las compañías a cambio de permisos para pruebas de exploración.
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"Antes de que llegaran las empresas petroleras no teníamos nada", afirma frente a su casa de madera, que no tiene electricidad.
Licuy señala que muchos pobladores apenas sobreviven con lo que ganan por cultivar cacao y que sólo el ecoturismo no resolverá sus problemas.
Las encuestas indican que la opinión pública en todo el país está igualmente dividida.
Una campaña recolectó 850.000 firmas para obligar al gobierno a celebrar un referendo sobre el futuro del bloque ITT.
Pero el Consejo Nacional Electoral de Ecuador rechazó más de la mitad de las firmas, por lo que la campaña ya no cuenta con el mínimo exigido legalmente para forzar una consulta popular.
Jipa sigue firme en su postura: "Nosotros somos los guardianes de la selva. ¿Si no la protegemos, quién lo hará?
Las cabañas para ecoturistas no han generado las ganancias esperadas.
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